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El medio ambiente como derecho humano

Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, lo que nos invita a la reflexión. La preservación del ambiente es el principal de los derechos humanos: es el derecho a la supervivencia, sin la cual los demás derechos no tienen razón de ser.



Contaminación hay siempre. Por el solo hecho de existir, el hombre contamina. No existe industria que no contamine. Lo que debe establecerse y controlarse, en sintonía con la evolución de los progresos científico-técnicos, son los límites aceptables y tolerables de contaminación.

La contaminación no reconoce fronteras ni espacios. La campaña contra la contaminación tiene como regla la prevención y la anticipación. Es importante no esperar las crisis. Los temas ambientales, en mayor o menor grado, son conflictivos, porque afectan intereses.

Sorprendidos y preocupados, observamos el absurdo conflicto, esencialmente ambiental, originado por negligencias de ambas partes ante la construcción de pasteras en Fray Bentos, que provocará una contaminación cuyo control deberá ser acordado entre la Argentina y Uruguay. Se trata de países hermanos que siempre han actuado solidariamente en el plano internacional, dados sus intereses comunes, para la preservación de la calidad del ambiente y el desarrollo y aplicación del derecho ambiental. Con presidentes dotados de una clara visión del bien común de sus países, la Argentina y Uruguay deben despolitizar el tema, dejar de dramatizarlo y lograr una distensión que conduzca al consenso y al control de la contaminación, porque las papeleras se van a construir, en ambos países, y producirán la celulosa. Con respecto a nuestras papeleras, presentes y futuras, debemos pregonar con el ejemplo.

En la Argentina, la preservación de la calidad del ambiente está consagrada como política de Estado, incluida en el artículo 41 de la Constitución, que dispone que nuestras autoridades deben proveer a la protección del derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano.

Pese a que hay nutrida legislación y a que existen organismos ambientales que se mantienen con alto costo para el contribuyente, se registra hoy un clamor ciudadano ante la indiferencia y el abandono de los gobiernos en cuanto a la calidad ambiental.

La contaminación de las papeleras y el debate a que da lugar es un llamado de atención que nos debe llevar a tomar en cuenta nuestras asignaturas pendientes. Todavía no es demasiado tarde: debemos reaccionar ante la bárbara explotación, el abandono y la indiferencia con la que actuamos a lo largo de dos siglos en nuestro país, bendito por su naturaleza y extensión, pero afectado por nuestra desidia e indolencia. La riqueza del suelo y la escasa población nos hizo, en cierto sentido, indiferentes a una explotación racional de los recursos.

En Buenos Aires y otros centros urbanos están los problemas de la recolección de la basura, las inundaciones por alcantarillas obstruidas, los escapes de vehículos, el descuido de parques, etcétera. Además de con una organización adecuada y con la información educativa, la limpieza y el orden urbano se logran con la aplicación de la ley: con multas. No es cierto que el ciudadano argentino sea mal educado, en relación con el europeo o el norteamericano. Ocurre que en esos lugares se aplica la ley y se educa con multas, mientras que aquí hay permisividad, impunidad y corrupción.

Tema acuciante y en extremo peligroso para la salud de millones de habitantes es la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Desde que el 1° de febrero de 1811 el Consulado aprobó la limpieza del canal y ribera del Riachuelo, nada se ha hecho. El área del Riachuelo -con la gran suciedad y hedor de sus aguas, consecuencia de los residuos industriales y cloacales que se vierten sin tratamiento, de las embarcaciones hundidas y de los desechos arrojados- exige inmediata limpieza. Se debe exigir a las industrias linderas que apliquen la última tecnología para reducir la polución.

Si bien sería necesario designar una comisión interjurisdiccional, técnica y no política, para resolver el problema, sólo la autoridad presidencial puede lograr una solución efectiva, para exhibirla en un plazo determinado. Quien lo logre obtendrá el mayor rédito político.

El territorio argentino está ambientalmente abandonado. Es un reclamo social desatendido. La mitad de nuestra población carece de agua potable y de cloacas. Las inundaciones del Bermejo, el Pilcomayo y otros ríos afectan a extensas zonas rurales y provocan tragedias como las de Tartagal. Hay desertificación y salinización de los suelos, talas irracionales de árboles, cambios climáticos por causa de esa deforestación.

La Argentina necesita una política ambiental. Es un derecho y un deber. Debemos apuntar, de modo efectivo, no declamatorio, a un desarrollo sustentable y sostenible.

La preservación de nuestra industria agropecuaria, principal fuente de ingresos del país, es fundamental para nuestra inserción en los exigentes mercados internacionales. Ellos rechazan toda sospecha de aftosa, "mal de la vaca loca", roya de la soja, peste porcina y patologías de frutas, y aplican el principio precautorio, el multifuncionalismo, la etiqueta verde y la ley del bioterrorismo.

En el orden regional, la Argentina debe acordar políticas de Estado comunes con sus vecinos y acuerdos regionales para controlar coordinadamente los peligros para la producción agropecuaria, conforme a un interés común.

En el campo global preocupan, entre otros, los problemas del cambio climático y la gripe aviaria. Se trata de temas que exigen colaboración internacional, alerta permanente e intercambio de información. En síntesis, es preciso establecer, por interés común, una alianza para la protección del ambiente.


   


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