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TERRORISMO Y DELITOS URBANÍSTICOS

¿Qué delito hay que cometer en este país para que una persona vaya a la cárcel?. La vara de medir del rasero del Gobierno tiene diferentes calibres en función del crimen que se haya cometido. Si se trata de malversación de fondos públicos, de estafa económica y de tener pendientes numerosos procedimientos penales por delitos urbanísticos, hay más posibilidades de que uno ingrese en prisión, como es el caso del ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz.

Es loable y justo que "El Cachuli", como popularmente se le conoce, si se prueba que ha cometido tantos desmanes al frente de la alcaldía de Marbella entre mayo de 2002 y agosto de 2003, termine cumpliendo condena en una cárcel e incluso que se le inhabilite durante ocho años para ocupar cargo público por prevaricación funcionarial urbanística.

Ahora lo que a todos sorprende es la actitud del Gobierno frente a los delitos de terrorismo. Es el caso de Otegi, que está condenado pero el Estado le protege y recibe un trato de favor por parte de la fiscalía sólo por el hecho de ser interlocutor de Zapatero. En el currículum vitae de Arnaldo Otegi no falta de nada: ha sido condenado a quince meses de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo cuando asistió en 2003 al homenaje del etarra José Miguel Beñarán "Argala".

Tiene pendiente un auto de prisión con una pena de un año por injurias al Rey, a quien llamó "jefe de los torturadores". Además, está en libertad bajo fianza de 650.000 euros, impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. La sentencia está dividida en dos apartados, por un lado, se le reclaman 400.000 euros por un delito de pertenencia a banda armada y otros 250.000 euros por actos violentos ocurridos durante la huelga convocada por Batasuna en marzo.

Sin olvidar que Otegi participó en un secuestro y fue condenado por ello. La Audiencia Nacional, ya le condenó a una pena de 6 años de prisión, de los que sólo cumplió la mitad, por su participación en el secuestro del empresario Luis Abaitua Palacios, cometido por ETA en 1979 y está procesado en la causa en la que se investiga la subordinación de la formación batasuna a ETA y la supuesta financiación de la banda terrorista a través de las "herriko tabernas", a la que se han añadido las diligencias abiertas a raíz de la huelga convocada el pasado día 9 en el País Vasco y Navarra por la muerte de dos presos etarras.

Además, el Juzgado Central de Instrucción número 6 instruye un auto contra Otegi por los delitos de desobediencia, reunión ilícita y enaltecimiento del terrorismo en relación con el acto que la formación terrorista celebró el 14 de noviembre de 2004 en el velódromo de Anoeta (San Sebastián) para presentar su nueva propuesta política.

También el Juzgado de Instrucción número 4 tiene abierta otra causa en la que Otegi figura como imputado, abierta a raíz de una querella presentada por el Foro de Ermua por un delito de enaltecimiento del terrorismo supuestamente cometido durante un acto celebrado en julio de 2005 en homenaje al preso etarra José María Sagarduy.

Por otra parte, el pasado 18 de enero el Tribunal Supremo acordó la repetición de un juicio a Otegi por un delito de enaltecimiento del terrorismo presuntamente cometido durante el entierro de la etarra Olaia Castresana, muerta en 2001 al explotar la bomba que manipulaba en Torrevieja (Alicante).

Los argumentos para que Otegi se libre de prisión, esgrimidos por el Teniente Fiscal de la Audiencia Nacional sorprenden a todos, primero porque después de los desmanes cometidos por el líder batasuno, sus condenas no superan dos años de prisión (aunque de momento no sea firme) para que sus huesos vayan a parar a la cárcel pero de ahí a argumentar que no existe reiteración delictiva es una falacia difícilmente defendible sin que a uno se le caiga la cara de vergüenza frente a todas las personas que han sufrido en sus propias carnes el zarpazo del terrorismo.

Otegi volverá a sentarse en el banquillo de los acusados para responder de su participación en una manifestación celebrada en Bilbao en septiembre de 2003, en la que se corearon consignas en apoyo del etarra Arkaitz Otazua, muerto durante un tiroteo con la Ertzaintza en el Alto de Herrera (Álava). La causa, que se instruyó en el Juzgado Central de Instrucción número 3, está ya concluida y la Fiscalía anunciará próximamente qué pena solicita para el portavoz de Batasuna.

Pero es que para rizar el rizo, ahora el Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, disculpa el pasado terrorista de Otegi con la lapidaria frase:"La gente tiene derecho a poder haberse equivocado en el pasado e incluso a renunciar al pasado". Mire, señor Blanco, ¿usted se pone una venda o toma al país por imbécil?. Todo el mundo tiene derecho a rectificar pero cuando se trata de tener un pasado delictivo de ese calibre dígame usted como se le explica a una familia que han perdido un padre, un hermano o un ser querido que la justicia no recaerá sobre las máximos responsables con todo el peso de la ley. Un paso más, y estaremos en la convicción de que la Justicia es manejable por la política.

Y es que aquí cualquiera puede decir lo que le venga en gana y quedarse tan pancho, es el caso de Joxean Agirre, portavoz de Askatasuna -la organización de apoyo a los presos de ETA-, quien dijo que el nuevo ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no les inspira "ninguna confianza", porque "fue uno de los ministros que gestionó la creación y la actividad del GAL".

Es más, Otegi pidió viajar a Dublín para participar en un acto nacionalista del Sinn Fein y el fiscal no se opuso. ¿No existía realmente riesgo de intento de fuga  por parte del líder abertzale?. Un personaje con tantas cuentas pendientes ante la justicia tienen el beneplácito para viajar libremente porque compromete su palabra de no escapar. Habría que recordar que ha sido condenado por identificarse "con la organización criminal ETA, sus objetivos, sus actividades y su método de actuación" y ahora es un interlocutor político privilegiado para el Gobierno autónomo vasco y para el del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Con esta forma de actuar, cualquier medida que se adopte en los tribunales o en la administración penitenciaria estará condenada a ser presentada como una concesión al margen del Estado de Derecho y como un deterioro de la Justicia. Y es que para muchos queda la triste incógnita, ¿Todos los españoles somos iguales ante la Ley?.



   


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