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El Gobierno faculta al Abogado General del Estado para actuar ante el Constitucional por el recurso contra la LOTC

   El Consejo de Ministros acordó hoy, a instancias del Ministerio de Justicia, facultar "al Abogado General del Estado para actuaciones ante el Tribunal Constitucional". Este acuerdo prepara el terreno para que el Gobierno pueda recusar a los magistrados conservadores Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García Calvo, si así lo estima oportuno, en el recurso presentado por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en el caso de que dicho recurso sea finalmente admitido a trámite.
   La próxima semana el Pleno del TC volverá a reunirse para tratar de sacar adelante un texto que apruebe formalmente las abstenciones presentadas por la presidenta y el vicepresidente de este órgano, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente, en el debate sobre la admisión a trámite del recurso contra la LOTC. De adoptarse finalmente esta decisión, el Pleno podría pronunciarse sobre la admisión o no a trámite de este recurso.
   A partir de ese momento, y una vez el Estado sea tenido formalmente como parte en este litigio, cabe la posibilidad que el Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, trate de apartar del debate de este asunto a dos magistrados del sector conservador -Jorge Rodríguez Zapata y Roberto García Calvo- por entender que ambos están "contaminados" tras remitir el pasado mes de junio una carta a la presidenta Casas en la que se posicionaban en contra del contenido de la propia reforma legislativa.
   El asunto de las abstenciones y las posturas radicalmente opuestas que mantienen al respecto los magistrados del alto tribunal, dependiendo de su sensibilidad progresista o conservadora, están provocando por el momento una gran dificultad para adoptar un acuerdo definitivo, lo que paraliza que pueda llegarse a una decisión sobre la admisión a trámite del recurso presentado por el PP.
   El pasado martes, los diez magistrados presentes en la discusión --todos los componentes del Tribunal menos los dos solicitantes de la abstención), acordaron continuar con sus deliberaciones sobre este asunto en una nueva reunión del Pleno Jurisdiccional, que previsiblemente se celebrará la semana próxima.
   A principios del pasado mes de septiembre, Casas y Jiménez anunciaron su intención de apartarse de las deliberaciones sobre este recurso alegando que los dos artículos de la LOTC recurridos por el PP les afectaban directamente. Uno de ellos, el 16.3, permite prorrogar el mandato de la presidenta, la progresista Casas, que concluyó a mediados del pasado mes de junio, hasta el próximo mes de diciembre.
   La importancia de esta contienda judicial radica en el frágil equilibrio de fuerzas que coexisten actualmente en el TC de cara a la discusión de recursos clave como son los promovidos contra el nuevo Estatuto de Cataluña, la Ley de Paridad y la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
   De admitirse formalmente dichas abstenciones, el sector progresista en el alto tribunal dejaría de contar con el voto de calidad de Casas como presidenta y, en caso de empate en las votaciones, dicho voto doble podría ser emitido por un magistrado conservador. En principio, por ser el magistrado de más edad entre los más antiguos en el tribunal, este voto de calidad corresponde al conservador Vicente Conde.

 
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