El PSCL-PSOE advirtió hoy de que el denominado "Caso Lasarte", acuñado para referirse a una supuesta trama en la adjudicación de plantas de energía solar a empresas participadas por cargos de la Administración regional, está generando ya una "inseguridad" que ha desembocado en un decrecimiento de las inversiones extranjeras en Castilla y León.
Así lo denunció hoy la viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Redondo, quien apuntó que ese "secretismo" y "falta de trasparencia" de la Junta en el proceso de adjudicación de estos "huertos solares" comienza a tener repercusiones importantes en la economía de la Comunidad, y en tal sentido desveló que en lo que va de año las inversiones procedentes del exterior se han visto recortadas en un 70 por ciento, al pasar de 70 millones de euros en 2007 a los 23 millones actuales.
Es esta, en su opinión, la otra dimensión de una "trama de corruptelas" que incidirá finalmente en los intereses económicos de Castilla y León, de los empresarios de la Comunidad y que afectará igualmente a posibles inversores extranjeros. "Castilla y León, con toda esta trama, tiene un halo de sospecha que pone en entredicho la credibilidad de este sector tan estratégico como el de las energías renovables", incidió Redondo.
Por ello, la procuradora socialista, en declaraciones, calificó de "vergonzosa" y de "falta de respeto" la decisión del presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, de posponer para la próxima semana la convocatoria de la Diputación Permanente con el fin de estudiar la posible comparecencia de varios consejeros para conocer el alcance de la supuesta trama. "Lo mismo ocurrió con la plaga de Topillos. Se trata de dos ocasiones en las que la Junta ha perdido la oportunidad de dar la cara", criticó Redondo.
SIN JUICIOS PARALELOS.
Respecto de la postura de la vicepresidenta de la Junta y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, que acusó a los socialistas de realizar juicios paralelos, la procuradora socialista precisó que la única pretensión de su grupo es pedir responsabilidades políticas, algo que se debe dilucidar en un escenario como las Cortes mediante la comparecencia de consejeros "para que expliquen una serie de nombramientos y la inexistencia o fracaso de controles internos en la adjudicación de estas plantas solares".
Redondo precisó que una cosa es la vía de las responsabilidades políticas, la que demandan los socialistas, y otra muy distinta la penal, en la que los tribunales competentes determinarán si hay conductas tipificadas en el Código Penal.
En el primer caso, la viceportavoz parlamentaria socialista entiende que "hay una serie de conexiones muy sospechosas entre lo que es la administración al más alto nivel, es decir, cargos de libre designación, y la implicación de los políticos que les han nombrado", y en este sentido recordó que el "Caso Lasarte" ha desembocado en las últimas horas en el cese del jefe del Servicio de Trabajo de la Junta en Zamora y antes jefe del Servicio de Industria, José Bahamonde Salazar.
"No es en la actualidad un algo cargo, pero hay que recordar que ha sido senador, concejal y diputado provincial", insistió Redondo, en un intento por demostrar que las responsabilidades políticas, a diferencia de lo que opina María Jesús Ruiz, han de buscarse al más alto nivel dentro de la Administración regional.
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